A la incertidumbre generada por el rechazo de La Cámpora al acuerdo con el FMI, luego del portazo que dio al interior del bloque oficialista el diputado nacional Máximo Kirchner, se le agrega las diferencias también dentro de Juntos por el Cambio de cómo votar la autorización de refinanciación de la deuda en el Congreso de la Nación.
Es que, pese a que el Gobierno nacional accedió a modificar la redacción del primer artículo del proyecto del acuerdo con el FMI que envió a la Cámara de Diputados con el objetivo de cosechar el respaldo opositor, el ala más dura de Juntos por el Cambio considera que “falta un pasito más”.
Como informó este medio, en la versión final del acuerdo con el FMI, en el punto inicial se aprueba la refinanciación de la deuda y en el segundo, el memorándum de políticas económicas y financieras y el memorándum técnico.
En su primera versión, el artículo primero del proyecto -que ayer dio a conocer la Casa Rosada- planteaba: “Apruébase el acuerdo para el refinanciamiento de la deuda entre la República Argentina y el FMI conformado por el memorándum de políticas económicas y financieras y el memorándum técnico, que como anexos (…) forman parte integrante de la presente ley”.
Con este desdoblamiento el Gobierno pretende conseguir el apoyo de los legisladores opositores dispuestos a respaldar con su voto la autorización del refinanciamiento, pero no las medidas contempladas en los anexos, que prevén la reducción del déficit, el recorte de subsidios a la luz y el gas, y cambios en las políticas monetarias, por ejemplo.
Sin embargo, en el seno del partido fundado por Mauricio Macri se abrió un debate sobre cuál sería el mejor mecanismo para darle la herramienta al Gobierno para evitar el default, y, a su vez, tomar distancia de las medidas que implemente la Casa Rosada para cumplir con las metas pactadas con el FMI.
Por esto, en busca de aunar criterios y dejar una foto de unidad con vistas al 2023, los dirigentes de la tropa opositora convocaron a una cumbre de la mesa nacional para este domingo vía Zoom. La intención es fijar una posición como bloque y evitar fracturas en una votación a priori reñida.
Una de las opciones que se barajan en el espacio es abstenerse en la votación en general de la ley, votar de manera positiva el artículo primero para avalar la operación crediticia y rechazar el artículo 2°, con el plan económico. Los duros se inclinan por votar en contra en general y solo autorizar el financiamiento.
Otra alternativa que evalúan es presentar un dictamen propio que contenga un solo artículo (la autorización a la refinanciación de la deuda). De esa forma, especulan, podrían rechazar el proyecto -que contiene entre los fundamentos una batería de críticas contra Macri por el préstamo- y avalar solo el financiamiento.
Parte del enroque que congenian los líderes de la oposición, fue adelantada ayer por el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. “La oposición va a trabajar para que la Argentina no entre en cesación de pagos porque todos sabemos lo que es“, dijo el larretista dejando al descubierto la postura de su sector.
“La oposición no quiere que la Argentina entre en cesación de pagos, ahí es donde tenemos que trabajar. A partir de ahí, tenemos que, políticamente, encontrar un posicionamiento integral dentro de la oposición”, agregó Santilli en relación a la cumbre de la que participará este domingo.
La presura de los entendimientos responde a que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya acordó con los jefes de bancadas el cronograma parlamentario por el que pasará el texto del acuerdo con el FMI. el lunes comenzará su tratamiento en la comisión de Presupuesto, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios.
En tanto, el martes se invitará a referentes de la CGT, la CTA, los movimientos sociales, la Asociación de Bancos de Argentina (Adeba), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), y gobernadores de diferentes provincias.
Con ese esquema, el miércoles próximo la Comisión de Presupuesto se reunirá para avanzar en el dictamen, tras lo cual se sesionaría entre el jueves y el viernes para sancionar el texto en respaldo al acuerdo con el FMI en el recinto de la Cámara baja.
Las claves del acuerdo con el FMI
El Gobierno nacional anunció oficialmente ayer que el presidente Alberto Fernández y el ministro Guzmán cerraron el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de aproximadamente USD 45.000 millones que tomó la administración de Juntos por el Cambio (JxC).
Según se precisó hoy, el nuevo acuerdo con el FMI -llamado de Facilidades Extendidas- tiene una duración de 2 años y medio en cuanto a los compromisos asumidos, y es una refinanciación de la deuda tomada durante la gestión de Mauricio Macri.
El acuerdo con el FMI tendrá 10 revisiones y serán trimestrales con desembolsos, en tanto que el pago de los mismos será entre 2026 y 2034, ganando 4 años y medio “sin sacrificar” dinero de la Argentina para pagar deuda en estos dos años y medio, destacaron fuentes oficiales.
Se trata del Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre la Argentina y el FMI, conformado por el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” y el “Memorando Técnico de Entendimiento”, así como los anexos correspondientes.
“Se han tomado las mejores opciones disponibles dentro de las limitadas herramientas previstas en el portafolio de programas del FMI, de modo que se evite que la Argentina incurra en atrasos con el organismo, lo que generaría un daño inconmensurable a la recuperación del país post crisis económica y en el marco de la pandemia en la que aún estamos inmersos”, aseveró el Ejecutivo en los fundamentos.
En este sentido, el ministro Guzmán indicó esta mañana que el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo alcanzado con el Gobierno argentino será de 7.000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a “9.800 millones de dólares”.
En declaraciones radiales formuladas esta mañana, Guzmán puntualizó que ese desembolso ingresará, “si el Congreso de la Nación aprueba el programa y también el Directorio del FMI”, y que ese ingreso se concretaría “ese mismo día o al día siguiente”.
Otros puntos relevantes del acuerdo con el FMI
Se avanzará en una consolidación fiscal progresiva que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la recuperación de la actividad económica y una reducción gradual del financiamiento monetario del mismo, así como también de un marco de implementación de la política monetaria que redunde en tasas de interés reales positivas para fortalecer la demanda de activos en pesos. También este proceso será acompañado por políticas de precios e ingresos que contribuirán a anclar expectativas en pos de una desinflación gradual junto a una continuidad de la recuperación de los ingresos reales.
Asimismo, se apunta a una reducción gradual del déficit fiscal, consistente con un crecimiento moderado del gasto en términos reales con el objetivo de apuntalar la recuperación económica en curso, al tiempo que se fortalecen el crédito y la moneda nacional. “Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024”, define uno de los Memorándum.
Este sendero hace posible un paquete equilibrado de medidas de gastos e ingresos para sostener una política expansiva que permita aumentar la inversión en infraestructura, ciencia y tecnología, promover la generación de empleo, seguir impulsando la actividad económica y fortalecer la asistencia social enfocados “en abordar la pobreza infantil y reorientando el apoyo para promover la inclusión en el mercado laboral, particularmente de las mujeres y las personas con menor calificación laboral”.
En relación a las jubilaciones, el acuerdo con el FMI no prevé ninguna reforma previsional, por el contrario, se prevé continuar con la mejora de los haberes mediante la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida en la Ley 27.609. Dicha fórmula permite que las prestaciones crezcan a partir de los incrementos de la recaudación nacional y de los salarios de la economía.
En el marco de sus objetivos de estrategia energética, está determinado a lograr niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad, conforme a los parámetros objetivos que correspondan en cada caso. Estas revisiones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales.
