6/22/2020

El caso VICENTIN: ¿Pasamos del discurso de la unidad al agite de la grieta en un segundo?

Matías Lobos. Ex Subsecretario Nacional de Fronteras y de Formación Policial y Programas de Seguridad. Dirigente de Juntos por el Cambio.


El inicio de la cuarentena estuvo signado por tres puntos claves. La necesidad de implementar un aislamiento social obligatorio en todo el país para impedir que el virus se propague, la pertinencia de ejecutar una política sanitaria que busque de manera activa a los contagiados y la preparación del sistema sanitario para dar respuesta adecuada a los casos críticos. 

Se suponía que con estas medidas poníamos en funcionamiento un modelo que priorizaba la mitigación de los daños en la salud por sobre la mitigación de daños en la economía. Nos acercamos a los 100 días de aislamiento y nos dicen que tenemos que volver a fase 1. Se torna evidente que se falló en aumentar los testeos y conformar equipos de “trazadores” para detectar con rapidez los casos sospechosos, rastrear los contactos, aislarlos y bloquear los focos que fueran apareciendo. 

Se propuso el aislamiento a la sociedad, pero se fue ineficiente en salir a buscar el virus y sofocarlo. Respecto a no priorizar la mitigación de los daños en la actividad económica, los resultados están a la vista. 

La Cámara Argentina de Comercio informó que un 11,5% de las empresas piensa cerrar sus puertas en los próximos 30 días si no se produce una mejora de la situación. Y otro 23% piensa en achicar su estructura. Esto supone el cierre de entre 40.000 y 50.000 establecimientos.

La Unión Industrial Argentina afirma que el 38% de las compañías asegura que su negocio no es sostenible si las restricciones se mantienen entre uno y tres meses más, mientras que el 13% de las empresas estima entrar en concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. 

Y el 63% sufrió bajas de sus ventas superiores al 50%. La consecuencia de no haber priorizado la mitigación a los daños a la economía es palpable: una pandemia de la economía argentina que será de las más profundas del mundo.

El supuesto éxito del aislamiento social en sus primeras etapas produjo un nivel de aprobación social de las medidas gubernamentales que llevó a instalar un discurso de unidad nacional frente a la gestión sanitaria que parecía instalarse con mucha fuerza y con ganas de quedarse un rato largo.

Sin embargo, lo relatado en los párrafos anteriores, parece indicar que los inminentes fracasos en los planos sanitario y económico llevan a recalcular el discurso de la unidad nacional y poner en agenda un tema que genera división y agita la grieta para volver a dividir la sociedad. Nos referimos a la empresa VICENTIN y el proyecto en danza para su posible expropiación con argumentos que giran en torno a la soberanía alimentaria.

La Constitución Nacional es clara respecto a las expropiaciones y a la preservación de la propiedad privada. La expropiación se dispone por causa de utilidad pública calificada por ley con previa indemnización. Esta cláusula constitucional debe interpretarse en el marco de competencias históricas que la Constitución le concede al Poder Legislativo para promover el progreso, como eran las necesidades de construir ferrocarriles y canales navegables como ejemplos concretos. 

En el caso VICENTIN, nada parece justificar que se saqué a dicha empresa fuera del ámbito de la propiedad privada. Si parece en cambio, una maniobra para volver a consolidar espacios en el marco de una grieta que se vuelve a agitar, en un contexto donde el discurso de la unidad nacional se resquebraja frente a los errores manifiestos en la gestión sanitaria y económica de la pandemia.